Asistimos constantemente, y cada vez con mayor frecuencia, al cuestionamiento de la producción animal, con argumentos basados en el impacto ambiental, los efectos sobre suelos y cuencas, el bienestar animal y los efectos sobre nutrición humana y sobre la sociedad. Algunos de estos argumentos son bien intencionados, algunos son razonables y merecedores de atención por productores e investigadores, pero también a veces se mezclan intereses comerciales malintencionados. El problema es aún mayor cuando autoridades políticas e instituciones involucradas en la toma de decisiones a nivel de país y de región toman o recomiendan medidas sesgadas en base a información parcial, mal interpretada o basadas en prejuicios.
